Hay números que nadie quiere hacer, pero que vienen impuestos por la crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus 2,7 millones de asalariados.
Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes consultadas por elEconomistaapuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes, fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con su corolario de empresas y chiringuitos creados en la época de vacas gordas, y también en plena crisis.
Otros expertos son más cautos, aunque, como afirma José Ramón Pin Arboledas, hay consenso en «los 220.000 puestos creados durante la crisis y que no corresponden a la realidad del país, ya que mientras se destruía empleo privado y se perdían autónomos, las plantillas públicas aumentaban»