Tal y como publicó LA GACETA el pasado mes de enero, todo apunta que la nueva reforma, que soportará el que sin duda es el principal pilar del Estado del bienestar, ampliará de 15 a 20 años el plazo para el cálculo de la pensión; se incentivará trabajar más allá de los 65 años en combinación con un impulso a los planes privados de jubilación; así como también se frenarán las prejubilaciones.
El envejecimiento de la población previsto para los próximos 15 o 20 años, junto a la actual crisis que ha disparado el número de parados hasta más de 4,6 millones exige cambios en el actual modelo de pensiones para evitar la quiebra de la caja de la Seguridad Social.
A nadie se le escapa que la consecuencia directa de una ampliación del plazo de cómputo trae ligado un descenso de la pensión a percibir. Según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi),pasar de los 15 años a los 20 se traduciría en una caída de la pensión media de entre el 4,2% y el 5,5%, lo que viene a suponer una reducción de un punto porcentual por cada año de ampliación.
El principal riesgo que existe a medio plazo para el sistema de pensiones es una preocupante caída del empleo entre 2030 y 2050, lo que se traduciría en un incremento continuo del desempleo. En paralelo, las estimaciones apuntan hacia una disminución de la población en edad de trabajar a partir de 2028, sin que se produzcan signos de recuperación hasta pasado 2050. Si todo ello se pone en una coctelera el resultado puede ser explosivo.
Prolongar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años va a ser sin duda la otra gran medida de esta reforma.
Otra consecuencia que debemos asumir es que cada vez más se ampliará la brecha entre el último salario percibido y la primera pensión, por lo que aquí jugarán un papel importante los denominados planes complementarios.